CIERRE Y PROHIBICIÓN DE LAS ACADEMIAS MILITARIZADAS: CASO DE DAFNE ZAPATA Y ERIK LEONARDO TERÁN TORBELLÍN

Tras el lamentable caso de la menor Dafne Zapata, fue inevitable que las autoridades pusieran la mirada sobre una problemática que desde hace años se venía desarrollando a nivel nacional. El 27 de julio, durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, declaró públicamente que la Constitución mexicana prohíbe la existencia de escuelas de carácter civil o privado que operen bajo modelos militares.

Por su parte, el 30 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó plenamente la decisión tomada por la SEP, al señalar que se trata de una medida necesaria para combatir los abusos físicos y los tratos violentos que, en muchos casos, se justifican bajo el argumento de la "disciplina".

En conclusión, a partir del ciclo escolar 2026-2027 se ordena el cierre y la prohibición de todas las academias o escuelas civiles que se promocionen como "militarizadas" o "castrenses".

¿Cómo operan las escuelas militarizadas civiles?

Durante años ha existido un vacío legal que ha puesto en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes, al exponerlos a dinámicas de violencia. La educación militar en México está regulada por la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; sin embargo, esta únicamente aplica para las instituciones que dependen de la SEDENA.

En contraste, las escuelas militarizadas de carácter privado y civil son reguladas por la SEP, situación que ha provocado que muchas de estas instituciones operen en un limbo jurídico. Resulta sumamente preocupante que personas civiles impartan formación militarizada sin contar con la preparación correspondiente ni con la autorización de la SEDENA. Si la SEP otorga permisos para este tipo de instituciones sin la coordinación de la dependencia responsable y especializada en educación militar, se genera un escenario de alto riesgo.

Muchos padres de familia recurren a estas instituciones con la esperanza de que sus hijos reciban una educación más disciplinada y desarrollen independencia, responsabilidad y nuevas habilidades. Sin embargo, se ha demostrado que, en algunos casos, quienes imparten esta formación no cuentan con preparación militar y son únicamente civiles.

Casos que reflejaron la problemática

Erik Leonardo Terán Torbellín

El 25 de abril de 2025, un niño de 13 años perdió la vida tras ingresar a un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Cuautla, Morelos. De acuerdo con las entrevistas otorgadas por la madre del menor, el campamento tendría una duración de tres días; sin embargo, lamentablemente su fallecimiento fue reportado al segundo día.

En un primer momento, los directivos de la institución argumentaron que la causa había sido un "desvanecimiento" o un "golpe de calor". No obstante, la necropsia legal determinó que el deceso fue provocado por un estallamiento de vísceras derivado de golpes severos.

Posteriormente, los testimonios de otros menores revelaron que los instructores los sometían a rutinas extenuantes durante la madrugada, agresiones físicas, humillaciones y una privación extrema de agua y alimentos. En el caso específico de Erik, los testimonios señalaron que fue arrastrado, amarrado y pateado de manera directa.

En la actualidad, aunque se logró la detención de los presuntos responsables, la familia continúa a la espera de una sentencia justa.

Dafne Zapata

El caso más reciente corresponde al feminicidio de la joven Dafne Zapata, quien también tenía 13 años de edad. Los hechos ocurrieron en Ciudad Madero, Tamaulipas, dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde la adolescente había ingresado para participar en un curso vacacional de verano.

Tras permanecer únicamente cuatro días en el plantel, se reportó su fallecimiento, pese a que había ingresado en óptimas condiciones de salud. Los directivos informaron a su madre, Alejandra Quintos, que la menor había perdido el conocimiento en las regaderas después de presentar un aparente malestar.

Sin embargo, la necropsia oficial determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y reveló que el cuerpo presentaba huellas de violencia física. Como consecuencia, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Tras su fallecimiento, diversos exalumnos denunciaron públicamente presuntos actos de tortura, castigos extremos y abusos sistemáticos al interior de la institución.

¿Qué pasa en la actualidad?

Aunque gracias a la presión mediática y al esfuerzo de las familias se ha logrado visibilizar a estas instituciones que durante años operaron aprovechando vacíos legales, aún es indispensable que las personas responsables de los abusos y las escuelas involucradas reciban las sanciones correspondientes.

Durante años se vulneraron los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo el argumento de la disciplina. Por ello, es fundamental que estos casos no queden impunes y que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.